Dictamen de la Defensora del Pueblo

Por fín ha llegado la contestación del Defensor del Pueblo a la queja que presentamos el 1 de octubre de 2013, en relación con el Memorandum Tajo-Segura, y las irregularidades en su tramitación y posterior incorporación a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental.

Básicamente, su respuesta confirma lo indicado en nuestra denuncia pues indica que el anteproyecto de ley, en lo relativo a las modificaciones del trasvase Tajo-Segura y ventas de agua, debía haberse sometido a participación pública, y a evaluación de impacto ambiental, sin que sea suficiente la tramitación  parlamentaria dada a una norma con rango legal, que en realidad regula materias de carácter  reglamentario por ser de planificación ordinaria.


MEMORANDUM

NOTA DE PRENSA

DICTAMEN DE LA DEFENSORA DEL PUEBLO


Según el Defensor del Pueblo, “el Memorando es un acuerdo que afecta a los recursos hídricos”, por lo que no solo debe ser accesible a los que lo soliciten, sino que “la tramitación de las actuaciones que se propongan y que finalmente se acometan” en base al mismo “deben ajustarse a los procedimientos de participación y evaluación”.

 
Respecto a la afirmación de la Secretaría de Estado de que las reglas que se han elevado a rango de ley por su propia naturaleza no forman parte del plan hidrológico de la demarcación ni requieren estudios de impacto ambiental, considera el Defensor del Pueblo que “el argumento no es suficiente para justificar una falta de evaluación ambiental de las reglas del trasvase”.

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Respecto a que las materias incorporadas a la Ley no requieren estudios de impacto ambiental, debe señalarse que en este caso no se está hablando de evaluación ambiental de proyectos de obras o trasferencia de recursos hídricos (artículo 15 LPHN y Anexos LEA donde se establecen los requisitos para someter a evaluación los proyectos para el trasvase entre cuencas fluviales) sino de evaluación ambiental de elementos esenciales de la planificación, como son las reglas para la determinación de aguas excedentarias o de explotación del trasvase. No es posible determinar si son sostenibles las magnitudes que condicionan un trasvase sin una previa valoración ambiental, (…) y ello con independencia del instrumento jurídico al que se incorporen dichas magnitudes. Pero la Secretaría de Estado no ha informado acerca de los criterios ambientales que se ha tenido en cuenta para la modificación de las reglas que afectan al trasvase”.

El defensor del Pueblo también apunta a la posible inconstitucionalidad de la Ley de EIA, en lo relativo a la regulación derivada de los acuerdos del Memorandum Tajo-Segura, indicando que "Tampoco cabe incorporar automáticamente a normas con rango de ley los contenidos pactados, salvo en los supuestos en que exista reserva material de ley o si concurren los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para la adopcion de leyes singulares" considerando el Defensor del Pueblo que "no parece que las reglas que rigen el trasvase respondan a estos requisitos pues la regulación de las transferencias de recursos hídricos forma parte de la planificación hidrológica ordinaria, como se deduce de la legislación".

Creemos que es una buena resolución, conveniente para la defensa del Tajo y sus ríos, a los que esperamos hacer justicia.

 

 
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